Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada que rechazó el recurso de protección interpuesto por Rivera en contra del Servicio Nacional de Migraciones. El recurrente impugnó el decreto que denegó su solicitud de carta de nacionalización, basado en antecedentes penales negativos. La autoridad administrativa fundó su decisión en los artículos 7 y 8 del Decreto Supremo N°5.142, señalando que las mismas causales que permiten cancelar la nacionalidad justifican denegarla. La Corte consideró que la nacionalización es una gracia presidencial y que la resolución recurrida fue debidamente motivada y ajustada a la normativa aplicable. Se analizaron los artículos 84, 85 y 86 de la Ley N°21.325, así como el Decreto N°5.142. El tribunal concluyó que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad en el acto recurrido, por lo que no se configuró vulneración de garantías constitucionales. En consecuencia, se confirmó el fallo de primera instancia que rechazó la acción cautelar.