La Contraloría General de la República se pronunció sobre si una corporación municipal…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2024
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si una corporación municipal de educación puede financiar con recursos de subvenciones educacionales las imposiciones previsionales y de salud, junto con sus recargos, de trabajadores que no se desempeñan en el área educacional. El organismo concluyó que no procede esa imposibilidad general: la corporación puede pagar estas obligaciones y sus recargos con ingresos propios que no tengan un fin específico. En cuanto a los recursos de subvenciones municipales y de la subvención general de educación, sólo pueden destinarse a estas obligaciones respecto de quienes cumplen funciones asociadas a la finalidad de la transferencia. Por lo tanto, no procede financiar con dichos recursos las imposiciones adeudadas a trabajadores ajenos al área de educación, ni sus reajustes, multas, intereses y honorarios de cobranza, en virtud del principio de legalidad del gasto y del deber de eficiente administración de los recursos públicos.
Normas citadas
DFL 1/3063/80 inter art/12
ley 18695 art/5 lt/g
ley 18695 art/65 lt/h
ley 21640 part/09/01/20
DFL 2/98 educa art/4
DFL 2/98 educa art/3
DFL 2/98 educa art/5
DFL 2/98 educa art/6 lt/f
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Con qué recursos puede una corporación municipal de educación pagar imposiciones y recargos de trabajadores ajenos a la educación?
En este caso, el organismo sostuvo que la corporación puede pagar estas obligaciones y sus recargos con ingresos propios que no tengan un fin específico. No existe una prohibición general de hacerlo.
¿Se pueden usar recursos de subvenciones para pagar reajustes, multas, intereses y honorarios de cobranza de imposiciones adeudadas?
En este caso, la Contraloría concluyó que no procede financiar con esos recursos las imposiciones de trabajadores ajenos al área de educación, ni sus reajustes, multas, intereses ni honorarios de cobranza. Lo fundamentó en el principio de legalidad del gasto y el deber de eficiente administración de los recursos públicos.
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