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La Contraloría General de la República emitió un dictamen tras recibir un certificado d…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República emitió un dictamen tras recibir un certificado de la División de Personal y Remuneraciones de la Universidad de La Frontera, que informa cotizaciones para desahucio descontadas indebidamente de las remuneraciones de una ex funcionaria. Conforme a lo acreditado por el exempleador y a un pronunciamiento previo del mismo organismo, ordena a la Tesorería General de la República, a través de la Tesorería Provincial de Ñuñoa, restituir a la afectada la suma de $4.784.728. La decisión se fundó en el certificado del empleador que acreditó los descuentos improcedentes.

ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué debe hacer la Tesorería si se descontaron cotizaciones para desahucio que no correspondían de las remuneraciones de un funcionario?

En este caso, la Contraloría General de la República ordenó a la Tesorería General de la República restituir a la ex funcionaria el monto de los descuentos por cotizaciones para desahucio que se le practicaron indebidamente. La decisión se basó en el certificado del empleador que acreditó que esos descuentos eran improcedentes.

¿Qué prueba permite a la Contraloría ordenar la devolución de descuentos previsionales indebidos a una ex funcionaria pública?

En este caso, el organismo se fundó en el certificado emitido por la D.P.R. de la universidad empleadora, que acreditó los descuentos improcedentes. También consideró lo acreditado por el exempleador y un pronunciamiento previo de la misma Contraloría sobre el asunto.

¿Puede la Contraloría ordenar la restitución de cotizaciones para desahucio descontadas de forma improcedente a un exfuncionario universitario?

En este caso, la Contraloría General de la República dictaminó que procede la restitución de las sumas descontadas indebidamente por cotizaciones para desahucio a una ex funcionaria de una universidad estatal. La orden se dirigió a la Tesorería General de la República, a través de la Tesorería Provincial correspondiente.

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