Resumen del criterio jurisprudencial
Se interpuso un recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la resolución que no acogió a trámite la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, fundada en el incumplimiento del tiempo mínimo de residencia temporal exigido. La recurrente consideró dicho acto como ilegal y arbitrario, afectando sus garantías constitucionales. La Corte Suprema analizó la normativa aplicable, en particular el artículo 78 de la Ley N°21.325 y el artículo 65 N°4 de su Reglamento, que exigen un período mínimo de residencia temporal de veinticuatro meses, con incrementos según infracciones migratorias. Se concluyó que el servicio no incurrió en ilegalidad, pues la recurrente no cumplía con los requisitos de admisibilidad. Además, se destacó que los antecedentes fueron remitidos al departamento competente para otorgar un permiso temporal, manteniendo a la extranjera en situación regular. Por lo tanto, no se advirtió un acto ilegal o arbitrario que vulnerara las garantías invocadas. En consecuencia, se confirmó la sentencia apelada y se rechazó el recurso de protección.