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La Corte Suprema conoció un recurso de protección presentado por una apoderada contra u…

Sentencia · Corte Suprema · 2024

Resumen

La Corte Suprema conoció un recurso de protección presentado por una apoderada contra una escuela municipal de Chillán (DAEM), que le aplicó la pérdida de su calidad de apoderada por presuntas conductas de hostigamiento y presiones indebidas hacia una estudiante, calificadas como maltrato escolar conforme al reglamento de convivencia. La recurrente alegaba que las acusaciones carecían de sustento y que no existía sentencia judicial en su contra. El tribunal revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán y rechazó el recurso, al estimar que el establecimiento siguió el procedimiento reglamentario, realizó entrevistas y reuniones con los involucrados, adoptó las medidas de urgencia previstas y notificó la sanción junto con el plazo para recurrir, lo que la recurrente ejerció oportunamente. Se consideró que no hubo arbitrariedad ni ilegalidad que vulnerara derechos del artículo 20 de la Constitución, precisándose que la sanción no implica la pérdida de los derechos legales de la madre como tutora de la alumna.

Normas citadas

  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
  • Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento
  • Protocolos de convivencia escolar
  • Auto Acordado de la Corte Suprema sobre protección
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Preguntas frecuentes

¿Cuándo procede el recurso de protección contra la sanción de un colegio a un apoderado?

En este caso, la Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán y rechazó el recurso, estimando que no existió ilegalidad ni arbitrariedad que vulnerara el artículo 20 de la Constitución. Resolvió así porque el establecimiento cumplió el procedimiento reglamentario y la apoderada pudo ejercer oportunamente su derecho a recurrir.

¿Qué debe cumplir una escuela municipal antes de sancionar a un apoderado por maltrato escolar?

En este caso, la Corte Suprema estimó que la escuela debe seguir el reglamento de convivencia y los protocolos de convivencia escolar, lo que incluye entrevistas y reuniones con los involucrados y medidas de urgencia. También debe notificar la sanción con el plazo para recurrir, requisitos que consideró cumplidos en este caso.

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