Resumen del criterio jurisprudencial
El Tribunal Constitucional ejerce control preventivo de constitucionalidad sobre un proyecto de ley que establece el deber de efectuar registros audiovisuales de actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal. El proyecto fue remitido por la Cámara de Diputadas y Diputados conforme al artículo 93, inciso primero, número 1º de la Constitución Política. El Tribunal analiza si la norma del artículo 228 bis del Código Procesal Penal se ajusta a la Constitución, particularmente respecto a materias de ley orgánica constitucional. La sentencia resuelve que el proyecto se ajusta a la Constitución Política de la República. Se pronuncia sobre las competencias del Ministerio Público en la gestión de registros audiovisuales y su destrucción.