La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió, sin costas, el reclamo de ilegalidad interp…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió, sin costas, el reclamo de ilegalidad interpuesto por una corporación educacional contra la Resolución Exenta PA Nº000148 del Fiscal de la Superintendencia de Educación, que la había sancionado por no entregar información sobre la rendición de subvenciones. El tribunal concluyó que, habiendo la corporación cumplido con la obligación de entregar la información solicitada, resultaba ilegal sancionarla, aun con una amonestación de menor grado. En consecuencia, dejó sin efecto la resolución y absolvió a la reclamante del cargo. No se pronunció sobre las alegaciones de prescripción y caducidad por innecesario. La abogada integrante A.I.V.V. fue de voto en contra, estimando que la resolución era ajustada a derecho.
Normas citadas
Ley N° 20.529
Artículo 86 de la Ley 20.529
Artículo 85 de la Ley N° 20.529
Resolución Exenta 2021
Ley N° 19.880
Resolución exenta N° 2024
Resolución Exenta 2023
Ley N° 19.800
reclamación ley 20.529subvención educacionalrendición de cuentasfondos públicosobligación de entregar informaciónartículo 76 letra b) ley 20.529proporcionalidad de la sanciónacreditación de saldos
Preguntas frecuentes
¿Procede sancionar a un sostenedor educacional por no entregar información sobre la rendición de subvenciones si luego sí la entregó?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Rancagua sostuvo que, habiendo la corporación cumplido con entregar la información requerida, era ilegal sancionarla, aunque la sanción fuera una amonestación de menor grado. Por ello dejó sin efecto la resolución sancionatoria y absolvió a la reclamante.
¿Qué pasa con las alegaciones de prescripción y caducidad en un reclamo de ilegalidad contra una sanción de la Superintendencia de Educación?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Rancagua no se pronunció sobre las alegaciones de prescripción y caducidad, por estimar que resultaban innecesarias tras acoger el reclamo por cumplimiento de la obligación de información. La abogada integrante que votó en contra consideró, en cambio, que la resolución era ajustada a derecho.
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