Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el término de funciones de una asistente de la educación desvinculada por aplicación del artículo 34, letra a), de la ley N° 21.109, que permite el cese por variaciones en el número de alumnos. El organismo concluyó que el cese no se ajustó a derecho, pues el plan anual del año 2022 del servicio local no demostraba una disminución de la matrícula del establecimiento donde se desempeñaba la funcionaria. Por ello, ordenó al SLEP regularizar la contratación e informar a la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago en 10 días hábiles. Asimismo, precisó que la licencia médica no confiere inamovilidad conforme al artículo 29 de la ley, y desestimó la alegación por falta de notificación, al reconocer la interesada haber tomado conocimiento de la resolución. Finalmente, rechazó el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo.