Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de un exfuncionario a contrata de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, consultado sobre la aplicación de las prohibiciones de la ley N° 18.902 y de la ley N° 18.575. Concluyó que, una vez que termine su designación actual, no se verá limitado por la prohibición del artículo 3 B, inciso tercero, de la ley N° 18.902. Respecto de la incompatibilidad del inciso final del artículo 56 de la ley N° 18.575, que prohíbe a exfuncionarios de entidades fiscalizadoras trabajar en el sector privado sujeto a fiscalización por seis meses, el organismo indicó que dicha norma no contempla un régimen de responsabilidad ni sanciones por su vulneración. Por ello, no emitió pronunciamiento sobre las consecuencias de una eventual infracción, materia que se encuentra en tramitación en un proyecto de ley sobre conflictos de intereses.