Resumen del criterio jurisprudencial
El abogado Rodrigo Alejandro Véliz Tapia, en representación de Jaime Enrique Silva Calonge, presentó recurso de amparo contra la resolución del Juzgado de Letras de Villarrica que decretó una orden de arresto de tres días contra el representante legal de INGECIL SpA. La medida se basó en el artículo 12 de la Ley N° 17.322, que regula el cobro de cotizaciones previsionales, pero la deuda perseguida correspondía a indemnizaciones y remuneraciones laborales. El tribunal analizó que la liquidación ejecutada no desglosó cotizaciones previsionales y que la empresa principal, aunque solidariamente responsable, no es empleador directo. Además, se consideró que la aplicación del artículo 12 a obligaciones distintas a cotizaciones vulnera la garantía constitucional de libertad personal y la Convención Americana. La Corte citó jurisprudencia que interpreta restrictivamente las medidas de apremio personal. En consecuencia, se declaró ilegal la orden de arresto y se dejó sin efecto la resolución recurrida.