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Libre competencia

La Fiscalía Nacional Económica emitió un informe en el que observa las bases de una lic…

Informe · Fiscalía Nacional Económica · 2008

Resumen

La Fiscalía Nacional Económica emitió un informe en el que observa las bases de una licitación municipal para servicios de recolección de residuos, reciclaje y lavado, por apartarse de las instrucciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El organismo cuestiona la excesiva duración del contrato, la falta de ofertas separadas, las barreras de experiencia, la discrecionalidad en la adjudicación y los criterios de evaluación, en particular la posibilidad de que la municipalidad amplíe o disminuya los servicios contratados, lo que contradice la inmutabilidad de las bases, y la ponderación de la oferta económica en un 60%, la propuesta técnica en un 30% y los antecedentes curriculares en un 10%, en lugar de fijar un estándar mínimo de calidad y adjudicar principalmente por precio. En la conclusión, la Fiscalía solicita al alcalde, conforme al artículo 39 letra d) del Decreto Ley N° 211, que las bases sean modificadas en lo observado.

Normas citadas

  • Decreto Ley N° 211
  • Resolución N° 13

Preguntas frecuentes

¿Qué observa la Fiscalía Nacional Económica en las bases de una licitación municipal de residuos?

En este caso, la Fiscalía observó la excesiva duración del contrato, la falta de ofertas separadas, las barreras de experiencia, la discrecionalidad en la adjudicación y los criterios de evaluación, incluida la posibilidad de ampliar o disminuir los servicios.

¿Puede una municipalidad ampliar o disminuir los servicios contratados en una licitación de residuos?

En este caso, la Fiscalía cuestionó que las bases permitieran a la municipalidad ampliar o disminuir los servicios contratados, porque contradice la inmutabilidad de las bases.

¿Cómo deben ponderarse la oferta económica y la técnica en una licitación de residuos?

En este caso, la Fiscalía observó la ponderación de 60% para la oferta económica, 30% para la propuesta técnica y 10% para los antecedentes curriculares, en lugar de fijar un estándar mínimo de calidad y adjudicar principalmente por precio.

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