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El Tribunal de Contratación Pública conoció una demanda de impugnación interpuesta por…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2013

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció una demanda de impugnación interpuesta por una empresa oferente en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, con ocasión de una licitación pública para la fabricación e instalación de equipamiento en el Departamento de Archivo General. La controversia versó sobre la resolución adjudicatoria y el informe de evaluación, en particular sobre la valoración de una experiencia que el oferente adjudicado no había acreditado, lo que se estimó contrario a las bases y a la igualdad entre oferentes. El tribunal acogió la demanda y declaró ilegal y arbitraria la resolución adjudicatoria, así como el informe de evaluación en los aspectos analizados. Asimismo, consideró que el contrato ya se encontraba ejecutado, por lo que resultó inoficioso declarar la nulidad del acto, dejando a salvo las acciones indemnizatorias que correspondan. Cada parte pagó sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Puede un tribunal anular una adjudicación de licitación pública si el oferente ganador valoró una experiencia que no acreditó en las bases?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió la impugnación y declaró ilegal y arbitraria la resolución adjudicatoria y el informe de evaluación, porque se valoró una experiencia no acreditada, lo que se estimó contrario a las bases y a la igualdad entre oferentes.

¿Qué ocurre con la nulidad de una adjudicación si el contrato administrativo ya fue ejecutado?

En este caso, el tribunal consideró que el contrato ya estaba ejecutado, por lo que resultó inoficioso declarar la nulidad del acto, dejando a salvo las acciones indemnizatorias que correspondan.

¿Quién paga las costas en un juicio de impugnación de una licitación pública según la Ley 19.886?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública resolvió que cada parte pagara sus propias costas, luego de acoger la demanda del oferente contra el Servicio de Registro Civil e Identificación.

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