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El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalid…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye de las penas sustitutivas a ciertos delitos, en el marco de una causa penal en que se imputaba porte de artefactos incendiarios y amenazas a Carabineros. La mayoría del Tribunal resolvió rechazar el requerimiento, sosteniendo que debe evaluarse el efecto concreto de la norma en la gestión pendiente y que su aplicación no vulnera la igualdad ante la ley ni la proporcionalidad de las penas, por tratarse de una decisión razonable de política criminal del legislador. Según el texto final disponible, varios ministros concurrieron con votos particulares, prevenciones y una disidencia, y uno de ellos sostuvo que correspondía acoger el requerimiento por vulneración del debido proceso en juicios penales orales realizados vía remota.

Normas citadas

  • artículo 391, inciso N/A, numeral 1, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso quinto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso primero, numeral 3, inciso sexto
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Preguntas frecuentes

¿Es constitucional excluir de las penas sustitutivas a ciertos delitos en la Ley N° 18.216?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216. Sostuvo que su aplicación no vulnera la igualdad ante la ley ni la proporcionalidad de las penas, por tratarse de una decisión razonable de política criminal del legislador.

¿Cómo debe evaluar el Tribunal Constitucional una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?

En este caso, el Tribunal sostuvo que debe evaluarse el efecto concreto que la norma produce en la gestión pendiente, y no solo su contenido en abstracto. Por esa razón, la mayoría resolvió rechazar el requerimiento contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216.

¿Puede el debido proceso verse afectado por juicios penales orales realizados por videoconferencia?

En este caso, uno de los ministros sostuvo, en un voto disidente, que correspondía acoger el requerimiento por vulneración del debido proceso en juicios penales orales realizados vía remota. Ese criterio no fue el de la mayoría, que rechazó el requerimiento.

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