Resumen
La Contraloría General de la República concluyó que no procede que la resolución exenta N° 2.983, de 2012, del Servicio Nacional de Aduanas regule el régimen de acreditación, autorización y cancelación de las empresas prestadoras del servicio de administración de carpetas de despacho electrónicas, por cuanto no existe sustento legal para ello y las limitaciones a la actividad económica deben estar previstas, al menos en sus aspectos básicos, en una ley, conforme al artículo 19, N°s. 21 y 26, de la Constitución. Asimismo, determinó que el uso de medios electrónicos por los agentes de aduana es facultativo, según la Ordenanza de Aduanas y el decreto N° 1.015, de 1994, del Ministerio de Hacienda, por lo que el Servicio no puede imponer su obligatoriedad. En consecuencia, ordenó a dicha repartición ajustar sus actuaciones a lo resuelto e informar de ello al Organismo.