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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra la Seremi de Bienes N…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, que se había negado a entregar copia de determinados expedientes de regularización de propiedad. El Consejo estimó que se trata de información pública y que no concurre la causal de reserva por afectación de los derechos de las personas, aplicando criterios de decisiones anteriores. Ordenó la entrega de los antecedentes, previo tarjado de los datos personales y sensibles de contexto, conforme a la Ley de Protección de la Vida Privada y a la Ley de Transparencia. Se fijó el deber de acreditar el cumplimiento y se advirtió sobre las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia en caso de no entregar la información en la forma decretada. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 19.628
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 2.695
  • Decreto ley N° 2.695
  • Resolución N° 467
  • Oficio N° 2248
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Se puede pedir copia de expedientes de regularización de propiedad de una Seremi de Bienes Nacionales en Chile?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y estimó que esos antecedentes son información pública, por lo que ordenó entregarlos. No concurrió la causal de reserva por afectación de los derechos de las personas.

¿Los datos personales y sensibles contenidos en expedientes públicos deben entregarse sin modificaciones?

Según esta resolución, no: el Consejo ordenó la entrega de los antecedentes previo tarjado de los datos personales y sensibles de contexto, conforme a la Ley de Protección de la Vida Privada y a la Ley de Transparencia.

¿Qué ocurre si un órgano de la Administración no entrega la información ordenada por el Consejo para la Transparencia?

En este caso, el Consejo fijó el deber de acreditar el cumplimiento y advirtió sobre las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia si no se entrega la información en la forma decretada. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

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