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El Tribunal Constitucional conoció una acción de tutela presentada por una comunidad in…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció una acción de tutela presentada por una comunidad indígena que alegaba afectaciones a su salud y a su derecho a un ambiente sano por actividades extractivas de carbón desarrolladas en su territorio. La Corte Constitucional colombiana, a cuyo fallo se refiere la sentencia, reconoce que el Estado tiene la obligación de preservar, conservar, prevenir y restaurar los recursos naturales frente a este tipo de actividades. Asimismo, aplica los principios de justicia ambiental y de precaución, el que exige actuar ante un peligro de daño grave e irreversible sin necesidad de certeza científica absoluta. Con base en ello, el tribunal acoge la pretensión y ordena adoptar medidas para evitar daños al ecosistema y a la salud de las personas afectadas, asegurando la satisfacción de sus derechos fundamentales.

Normas citadas

  • Constitución Política de Colombia - Derechos ambientales
  • Resolución 627 de 2016 - Límites de ruido
  • Guía de Calidad del Aire OMS 2005
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Preguntas frecuentes

¿Puede una comunidad indígena presentar una acción de tutela por afectaciones a su salud y a su derecho a un ambiente sano causadas por actividades extractivas?

En este caso, el Tribunal Constitucional conoció una acción de tutela presentada por una comunidad indígena que alegaba afectaciones a su salud y a su derecho a un ambiente sano por actividades extractivas de carbón en su territorio, y acogió su pretensión.

¿Qué obligación tiene el Estado frente a actividades extractivas que afectan los recursos naturales?

En este caso, el tribunal reconoce que el Estado tiene la obligación de preservar, conservar, prevenir y restaurar los recursos naturales frente a este tipo de actividades.

¿Es necesaria la certeza científica absoluta para exigir medidas de protección ambiental ante un posible daño?

En este caso, el tribunal aplica el principio de precaución, que exige actuar ante un peligro de daño grave e irreversible sin necesidad de certeza científica absoluta, y ordena medidas para evitar daños al ecosistema y a la salud.

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