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El Tribunal Constitucional, en su Primera Sala, dio cuenta de un requerimiento de inapl…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional, en su Primera Sala, dio cuenta de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que impugna una norma que fija el avalúo fiscal para la tasación de inmuebles en el contexto de juicios ejecutivos. Mediante este proveído, la Presidenta del Tribunal dispuso dar cuenta del requerimiento en la Primera Sala y designó un relator para continuar la tramitación del asunto, conforme al artículo 93, inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución, y a los artículos 8°, letras b) y d); 32, y 79 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Se trata de una resolución de mero trámite: no decide sobre la constitucionalidad de la norma impugnada ni sobre el fondo del requerimiento.

Normas citadas

  • Artículo 93, inciso primero, N° 6, Constitución Política de la República
  • Artículo 93, inciso undécimo, Constitución Política de la República
  • Artículo 8°, letra b), Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículo 8°, letra d), Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículo 32, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículos 79 y siguientes, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
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Preguntas frecuentes

¿Un proveído que da cuenta de un requerimiento de inaplicabilidad resuelve si la norma impugnada es constitucional?

No. En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que el proveído sólo dispone dar cuenta del requerimiento y designar relator, sin decidir sobre la constitucionalidad de la norma impugnada ni sobre el fondo del asunto.

¿Qué normas regulan la tramitación inicial de un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional en Chile?

En este caso, el Tribunal Constitucional invocó el artículo 93, inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución, y los artículos 8°, letras b) y d), 32 y 79 y siguientes de su Ley Orgánica Constitucional, para dar cuenta del requerimiento y designar relator.

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