Resumen
Una sociedad inmobiliaria presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el marco de una cobranza previsional iniciada por una administradora de fondos de pensiones. El requerimiento impugna la capitalización mensual de intereses penales prevista en el inciso decimotercero del artículo 19 del D.L. N°3.500, que, según la requirente, lesiona garantías constitucionales en la gestión pendiente. Se pidió declarar inaplicable esa oración al caso concreto y decretar la suspensión del procedimiento que se sustancia ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. El documento corresponde al escrito de requerimiento, por lo que no contiene una decisión del tribunal sobre el fondo.