El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra los artículos 129 bis 5 a 129 bis 9 del Código de Aguas, que regulan la patente por no uso de derechos de aprovechamiento de aguas. La requirente sostenía que el cobro de esa patente le resultaba injusto en su caso. El tribunal acogió el requerimiento, al estimar que la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente permitía cobrar un tributo manifiestamente injusto, pues su hecho gravado derivaba de la demora de la Dirección General de Aguas en resolver una solicitud de traslado de punto de captación. Según el fallo, esa demora vulneraba el principio de servicialidad y afectaba los derechos constitucionales invocados, por lo que se contrariaban los artículos 1º, inciso 4º; 19 Nº 20, inciso 2º; y 19 Nº 21 de la Constitución. Hubo disidencia de una ministra.
Normas citadas
artículo 129bis11, inciso 1, de Código de Aguas
artículo 129bis5, de Código de Aguas
artículo 129bis6, de Código de Aguas
artículo 129bis9, de Código de Aguas
Tribunal ConstitucionalINADerecho de aprovechamiento de aguasDerecho De AguasFunción social de la propiedad
Preguntas frecuentes
¿El cobro de la patente por no uso de aguas puede vulnerar el principio de servicialidad del Estado y los derechos constitucionales del titular?
Según el fallo, sí: el Tribunal sostuvo que la demora administrativa en resolver la solicitud vulneraba el principio de servicialidad y afectaba los derechos invocados, contrariando los artículos 1º, inciso 4º; 19 Nº 20, inciso 2º; y 19 Nº 21 de la Constitución, aunque hubo una disidencia de una ministra.
¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional sobre la aplicación de los artículos 129 bis 5 a 129 bis 9 del Código de Aguas en una gestión pendiente?
En este caso, el Tribunal acogió el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, estimando que la aplicación de esos preceptos en la gestión pendiente permitía cobrar un tributo manifiestamente injusto, con disidencia de una ministra.
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