El Consejo para la Transparencia resolvió declarar inadmisible un reclamo interpuesto p…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió declarar inadmisible un reclamo interpuesto por una parte contra un servicio de salud. La decisión se fundamentó en que la queja presentada no constituía una infracción directa a las normas de transparencia activa, sino que se centraba en la lentitud de la atención. El Consejo determinó que la controversia no recaía en su competencia, ya que no se trataba de una denegación de información conforme a la Ley de Transparencia. Se informó a la parte reclamante sobre los recursos legales disponibles, indicando que contra esta resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadSalud
Preguntas frecuentes
¿Es admisible un reclamo ante el Consejo para la Transparencia si se basa en la lentitud de la atención y no en una denegación de información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el reclamo porque la queja se centraba en la lentitud de la atención y no en una infracción directa a las normas de transparencia activa. Determinó que la controversia no recaía en su competencia, ya que no se trataba de una denegación de información conforme a la Ley de Transparencia.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia informó a la parte reclamante que contra esta resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
¿Cuándo puede el Consejo para la Transparencia declarar inadmisible un reclamo por no ser de su competencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo porque la queja no constituía una infracción directa a las normas de transparencia activa, sino que se centraba en la lentitud de la atención. Determinó que la controversia no recaía en su competencia, ya que no se trataba de una denegación de información conforme a la Ley de Transparencia.
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