Resumen del criterio jurisprudencial
Determinó que los plazos de eliminación de antecedentes en registros públicos estatales no son automáticamente extensibles a las bases de datos de agencias privadas de información crediticia. La sentencia establece que la conservación de información sobre deudas ya pagadas, cuando proviene de reportes directos de socios contractuales, debe regirse por códigos de conducta aprobados y un equilibrio de intereses caso a caso, revocando así la obligación de borrado inmediato tras el pago.