La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un recurso de protección presentado por una…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un recurso de protección presentado por una paciente con cáncer de cuello uterino contra el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud de O'Higgins, el Fondo Nacional de Salud y el Hospital Regional de Rancagua, por la negativa a financiar un medicamento oncológico de alto costo. La Corte rechazó el recurso, sin costas, por estimar que las instituciones recurridas se ajustaron a la legalidad y razonabilidad propias de la planificación sanitaria y de la política pública en salud. Fundó su decisión en que existe un procedimiento regulado para incorporar estos tratamientos al financiamiento público, por lo que la respuesta de las instituciones no pudo considerarse ilegal ni arbitraria. Se citaron el artículo 20 de la Constitución y el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección.
Normas citadas
Ley N° 20.850
Ley N° 19.966
Ley N° 2.763
Decreto Ley N° 2.763
DFL N° 1
Código Sanitario
Artículo 94 del Código Sanitario
recurso de protecciónderecho a la vidaderecho a la saludmedicamento de alto costoPembrolizumabcáncer cervicouterinoplanificación sanitariaprincipio de subsidiariedad
Preguntas frecuentes
¿Puede una paciente obligar por recurso de protección a que el Estado financie un medicamento oncológico de alto costo?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso porque estimó que las instituciones de salud actuaron conforme a la legalidad y a la razonabilidad propias de la planificación sanitaria. Existe un procedimiento regulado para incorporar estos tratamientos al financiamiento público.
¿Cuándo se considera arbitraria la negativa de un servicio de salud a financiar un tratamiento en un recurso de protección?
La Corte sostuvo que la negativa no es arbitraria cuando se funda en un procedimiento regulado para incorporar tratamientos al financiamiento público. Como las instituciones se ajustaron a ese marco, su respuesta no pudo considerarse ilegal ni arbitraria.
¿Qué criterio aplica la justicia constitucional al revisar decisiones de política pública en salud?
La Corte de Apelaciones de Santiago revisó si las instituciones recurridas se ajustaron a la legalidad y razonabilidad propias de la planificación sanitaria y de la política pública en salud. Al constatar que sí lo hicieron, rechazó el recurso sin costas, citando el artículo 20 de la Constitución.
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