El Consejo para la Transparencia resolvió una solicitud de amparo de acceso a informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió una solicitud de amparo de acceso a información presentada por una empresa en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego, referida a un informe interno sobre la procedencia de excluir a un postulante que no mantuvo vigente la boleta bancaria de garantía exigida al formalizar su proyecto. El Consejo acogió la reclamación y ordenó al S.C.J. entregar al reclamante copia de dicho informe, cumplir el requerimiento en un plazo no superior a cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, e informar el cumplimiento por correo electrónico o en la Oficina de Partes del Consejo. Además, encomendó notificar la decisión a las partes e indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos, sin perjuicio de las limitaciones para los órganos de la Administración del Estado.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoEconomía y Finanzas; Justicia
Preguntas frecuentes
¿Puede un organismo público negar la entrega de un informe interno sobre la procedencia de excluir a un postulante?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió la reclamación y ordenó a la Superintendencia de Casinos de Juego entregar copia del informe interno solicitado, al no advertir una causal que justificara su reserva.
¿Qué plazo tiene el órgano requerido para entregar la información tras una decisión del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó cumplir el requerimiento en un plazo no superior a cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia y ante qué tribunal se presenta?
En este caso, el Consejo indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos, sin perjuicio de las limitaciones para los órganos de la Administración del Estado.
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