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El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las norma…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las normas de transparencia activa contra el Instituto de Previsión Social. La presentación se originó en el rechazo de una postulación a la Pensión Garantizada Universal, pero no denunciaba la falta de publicación de información obligatoria en los sitios electrónicos del órgano. El Consejo resolvió declarar inadmisible el reclamo, por carecer de un elemento habilitante: no se configuró una infracción a los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación; no procede el recurso de reposición.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
  • Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros

Preguntas frecuentes

¿Cuándo procede reclamar al Consejo para la Transparencia por incumplimiento de la transparencia activa?

En este caso, el Consejo declaró inadmisible un reclamo porque no denunciaba la falta de publicación de información obligatoria en los sitios electrónicos del órgano, sino el rechazo de una postulación a un beneficio. Por eso no se configuró una infracción a los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento.

¿Qué plazo y vía tiene para impugnar una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?

En este caso, el Consejo indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación. No procede el recurso de reposición.

¿Es posible reclamar ante el Consejo para la Transparencia por el rechazo de un beneficio previsional?

En este caso, el Consejo resolvió que el reclamo por el rechazo de una postulación a la Pensión Garantizada Universal no era admisible, porque lo reclamado no era una infracción a las normas de transparencia activa del Instituto de Previsión Social.

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