El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra el Servicio Nacional…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura por la negativa a entregar información sobre los registros de cosecha de especies salmónidas, respecto de determinadas empresas, durante el período desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha de la solicitud. El Consejo estimó que se trata de información de carácter público, que obra en poder del organismo requerido, y que los derechos comerciales y económicos alegados por terceros fueron desestimados, además de existir un evidente interés público por su vínculo con materias ambientales. Se ordenó la entrega previa tarjación de datos personales de contexto, en aplicación del principio de divisibilidad, y se requirió acreditar el cumplimiento. La resolución advierte sanciones por incumplimiento conforme al artículo 46 de la Ley de Transparencia y es reclamable ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoIndustria (Productividad)
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura los registros de cosecha de salmónidos de empresas específicas?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y estimó que esa información es pública y obra en poder del organismo. Los argumentos de derechos comerciales de terceros fueron desestimados, por el evidente interés público ambiental.
¿Qué pasa con los datos personales cuando se entrega información pública que los contiene?
En este caso, el Consejo ordenó la entrega previa tarjación de datos personales de contexto, aplicando el principio de divisibilidad. Es decir, la información se entrega eliminando los datos personales y manteniendo el resto.
¿Qué consecuencias tiene que un organismo público no cumpla una resolución de amparo del Consejo para la Transparencia?
En este caso, la resolución advierte que el incumplimiento puede acarrear sanciones conforme al artículo 46 de la Ley de Transparencia, y exige acreditar el cumplimiento. Además, es reclamable ante la Corte de Apelaciones respectiva.
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