El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información pública interpuesto contra la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Tarapacá. Al analizar la admisibilidad, el Consejo advirtió que no era claro que la parte reclamante hubiera presentado previamente una solicitud de acceso ante el órgano reclamado. Conforme al artículo 46 del reglamento, el Consejo le otorgó cinco días hábiles para subsanar la omisión o aclarar su solicitud, advirtiéndole que de no hacerlo se declararía inadmisible. Al no efectuar presentación alguna, se aplicó el artículo 24 de la Ley de Transparencia y se declaró la inadmisibilidad. La decisión fue adoptada por unanimidad y no admite recurso de reposición.
Normas citadas
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadEducación
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si presento un amparo de acceso a la información sin haber hecho antes la solicitud al organismo público?
En este caso, el Consejo para la Transparencia advirtió que no era claro que se hubiera presentado una solicitud previa ante el órgano reclamado. Le otorgó cinco días hábiles para subsanar la omisión o aclarar la solicitud, bajo apercibimiento de inadmisibilidad. Como no hizo ninguna presentación, declaró inadmisible el amparo.
¿Cuánto tiempo tiene una persona para corregir un amparo de transparencia que tiene errores de admisibilidad?
En este caso, el Consejo otorgó a la parte reclamante cinco días hábiles, conforme al artículo 46 del Reglamento de la Ley de Transparencia, para subsanar la omisión o aclarar su solicitud. Al no hacerlo, se declaró la inadmisibilidad.
¿Se puede pedir reposición contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo por unanimidad, y la resolución no admite recurso de reposición. La decisión se fundó en el artículo 24 de la Ley de Transparencia.
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