Resumen del criterio jurisprudencial
El debate sobre la aplicación de la Ley Karin en los procedimientos disciplinarios del sector público revela importantes tensiones entre la protección efectiva frente al acoso y el debido proceso funcionarial. Las interpretaciones contradictorias de la Contraloría sobre la sanción de destitución —siempre obligatoria o excepcionalmente sustituible— han generado incertidumbre jurídica y prolongación indebida de sumarios, vulnerando derechos fundamentales.