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La Corte Suprema conoció una acción de amparo interpuesta en favor de un condenado, en…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema conoció una acción de amparo interpuesta en favor de un condenado, en contra de Gendarmería de Chile y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la demora en la tramitación del beneficio de reducción de condena de seis meses por conducta sobresaliente, otorgado previamente por la Comisión de Reducción de Condena. El tribunal constató que los recurridos demoraron en exceso la tramitación necesaria para hacer efectivo ese beneficio, lo que vulneró la garantía de libertad personal, pues de haberse dictado oportunamente el decreto respectivo el amparado habría estado en libertad. Además, consideró que mantener la privación de libertad, existiendo un beneficio ya concedido que solo restaba materializar, constituía una ilegalidad manifiesta contraria al principio conclusivo del artículo 8° de la Ley N°19.880. En consecuencia, acogió el recurso, sin costas, ordenando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictar el decreto respectivo a través de la unidad administrativa correspondiente, dentro del más breve plazo.

Normas citadas

  • Art. 21 Constitución Política de la República
  • Art. 19 N°7, letra b) de la Constitución Política de la República
  • Ley N°19.856
  • Decreto N°685 del año 2003 del Ministerio de Justicia
  • Art. 8° de la Ley N°19.880
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Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si la administración penitenciaria demora en hacer efectivo un beneficio de reducción de condena ya concedido y el condenado sigue preso?

En este caso, la Corte Suprema acogió el amparo porque la demora excesiva en tramitar el beneficio vulneró la libertad personal del condenado, que de haberse dictado oportunamente el decreto habría estado en libertad. Ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictar el decreto respectivo a la brevedad.

¿Puede el amparo constitucional proceder cuando una autoridad administrativa no concluye un procedimiento que ya tiene resolución favorable?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que mantener la privación de libertad existiendo un beneficio ya concedido que solo faltaba materializar constituye una ilegalidad manifiesta, contraria al principio conclusivo del artículo 8° de la Ley N°19.880. Por ello acogió el recurso.

¿Qué debe hacer la Administración cuando un procedimiento iniciado de oficio o a petición de parte está en curso y debe concluir con una decisión expresa?

En este caso, la Corte Suprema aplicó el principio conclusivo del artículo 8° de la Ley N°19.880 para exigir que el procedimiento termine, al constatar que el beneficio ya otorgado debía hacerse efectivo sin demoras injustificadas. Así, ordenó dictar el decreto respectivo dentro del más breve plazo.

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