Una empresa agrícola reclamó ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metrop…
Sentencia · Tribunal Tributario y Aduanero · 2020
Resumen
Una empresa agrícola reclamó ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana contra las liquidaciones del Servicio de Impuestos Internos que determinaron Impuesto Único del artículo 21 de la Ley de la Renta para los años tributarios 2015, 2016 y 2017. Alegó que la acción fiscalizadora estaba prescrita y que la citación no era congruente con las liquidaciones. El Tribunal concluyó que la citación no individualizó operaciones determinadas, por lo que no amplió el plazo ordinario de prescripción de tres años, y declaró prescrita la acción respecto del año 2015, dejando sin efecto la liquidación en cuanto a ese impuesto. Respecto de los años 2016 y 2017, confirmó el rechazo de la pérdida de arrastre, por no haberse acreditado su procedencia. No se condenó en costas por existir motivos plausibles para litigar.
¿Cuándo prescribe la acción del SII para liquidar el Impuesto Único del artículo 21 de la Ley de la Renta?
En este caso, el Tribunal Tributario y Aduanero declaró prescrita la acción respecto del año 2015, porque la citación no individualizó operaciones determinadas y por eso no amplió el plazo ordinario de prescripción de tres años. Por ello dejó sin efecto la liquidación de ese impuesto para ese año.
¿La citación del SII debe individualizar operaciones concretas para ampliar el plazo de prescripción en materia tributaria?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la citación no individualizó operaciones determinadas, por lo que no amplió el plazo ordinario de prescripción. Esa falta de individualización fue el fundamento para declarar la prescripción de la acción fiscalizadora.
¿Procede la pérdida de arrastre en el impuesto a la renta si el contribuyente no acredita su procedencia?
En este caso, el Tribunal confirmó el rechazo de la pérdida de arrastre en los años 2016 y 2017, porque el contribuyente no acreditó su procedencia. Además, no se condenó en costas por existir motivos plausibles para litigar.
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