Resumen
La Contraloría General de la República respondió un oficio de la Comisión de Economía del Senado sobre las bases de determinadas licitaciones públicas que exigían implementar el código GTIN, un sistema de códigos de barra para los productos. El organismo concluyó que no se advierte irregularidad en esa exigencia. Explicó que la entidad licitante determina los servicios y especificaciones técnicas que requiere, conforme a la Ley de Compras Públicas y su reglamento, y que el código fue estimado necesario para estandarizar los productos del catálogo electrónico. Lo consideró un criterio objetivo no arbitrario, y precisó que no se exigió una marca determinada, sino que el código fuera válidamente emitido según su estándar regulatorio.