El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye la posibilidad de penas sustitutivas en determinados delitos. El requerimiento fue rechazado, no alcanzándose la mayoría necesaria para acogerlo. El Tribunal sostuvo que el control de las excepciones a penas alternativas debe respetar la deferencia razonada al legislador en materia de política criminal y la reserva legal de penas. Estimó que el legislador puede excluir las penas sustitutivas en delitos de especial reproche social, como los de violencia de género, uso de armas prohibidas o robadas, y tráfico o producción de drogas, sin que ello resulte desproporcionado, discriminatorio ni carente de razonabilidad. Precisó además que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal competente y no a esta Magistratura.
Normas citadas
Artículo 1° Constitución Política de la República
Artículo 19 N°2 Constitución Política de la República
Artículo 19 N°3 inciso sexto Constitución Política de la República
Artículo 1.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 24 Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 1° inciso segundo Ley N° 18.216
Artículo 93 inciso primero N°6 Constitución Política de la República
Artículo 8° letra g) Ley N° 17.997
inaplicabilidad por inconstitucionalidadigualdad ante la leyproporcionalidad de las penaspenas sustitutivastráfico de drogasporte de arma prohibidarazonabilidad legislativaempate de votos
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley excluya las penas sustitutivas en ciertos delitos graves?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, sosteniendo que el legislador puede excluir las penas sustitutivas en delitos de especial reproche social sin que ello sea desproporcionado, discriminatorio ni carente de razonabilidad.
¿El Tribunal Constitucional puede decidir qué pena concreta debe aplicarse en un proceso penal?
En este caso, el Tribunal precisó que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal competente y no a esta Magistratura, la cual solo se pronunció sobre la constitucionalidad de la exclusión legal de penas sustitutivas.
¿Cómo se controla constitucionalmente la exclusión de penas alternativas decidida por el legislador?
En este caso, el Tribunal sostuvo que dicho control debe respetar la deferencia razonada al legislador en materia de política criminal y la reserva legal de penas, por lo que no alcanzó la mayoría necesaria para acoger el requerimiento.
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