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La Corte de Apelaciones de Talca rechazó una acción constitucional de protección interp…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Talca rechazó una acción constitucional de protección interpuesta por una funcionaria contratada de la Municipalidad de Pelarco, que impugnaba el decreto que dispuso no renovar su contrata para 2025. Se discutía si el alcalde subrogante tenía facultad para no renovarla y si la acción fue deducida oportunamente. El tribunal concluyó que la autoridad estaba facultada por ley para no renovar el vínculo, sin necesidad de un acto especial, pues el período de designación concluye por ministerio de la ley al ser inferior a cinco años y no existe confianza legítima que lo impida. Agregó que, aun así, el decreto existe y está debidamente motivado. Se rechazó la acción sin costas.

Normas citadas

  • Artículo 19, números 1 y 2, Constitución Política de la República
  • Artículo 20, Constitución Política de la República
  • Artículo 41, Ley 19.880 de Procedimientos Administrativos
  • Artículo 59, Ley 19.880
  • Artículo 156, Ley 18.883
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Preguntas frecuentes

¿Puede una municipalidad no renovar la contrata de un funcionario sin un acto especial de término?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Talca sostuvo que la autoridad estaba facultada por ley para no renovar el vínculo, sin necesidad de un acto especial, porque el período de designación concluye por ministerio de la ley al ser inferior a cinco años.

¿Existe confianza legítima que impida a la autoridad municipal no renovar una contrata?

En este caso, el tribunal concluyó que no existía confianza legítima que impidiera no renovar la contrata, lo que permitió rechazar la acción de protección deducida por la funcionaria.

¿Procede una acción de protección contra el decreto que no renueva una contrata municipal?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Talca rechazó la acción de protección contra el decreto que dispuso no renovar la contrata, pues concluyó que la autoridad tenía facultad legal para hacerlo y que el decreto está debidamente motivado.

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