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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos conoció una demanda contra el Estado español po…

Sentencia · 2023

Resumen

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos conoció una demanda contra el Estado español por la falta de asistencia oportuna de las autoridades para inscribir en el registro civil el acta de nacimiento de un ciudadano español nacido en México, lo que se prolongó durante años. El tribunal sostuvo que existía una obligación positiva de actuar con debida diligencia cuando las autoridades sabían que el progenitor disponible no podía aportar la documentación necesaria, y que esa inacción constituyó una violación del derecho al respeto de la vida privada y la identidad, protegido por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se declaró admisible la demanda y se ordenó al Estado pagar 12.000 euros por daño moral y 4.840 euros por costas del procedimiento ante el tribunal, rechazándose el resto de la reclamación, incluidas las costas de los procesos internos.

Normas citadas

  • Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
  • Artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
  • Artículo 2 del Protocolo No. 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
  • Artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
  • Artículo 44 § 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
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Preguntas frecuentes

¿Puede el Estado tener una obligación positiva de actuar con diligencia para inscribir el nacimiento de una persona en el registro civil?

En este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que existe una obligación positiva de actuar con debida diligencia cuando las autoridades saben que el progenitor disponible no puede aportar la documentación necesaria. Su inacción prolongada por años constituyó una violación del derecho al respeto de la vida privada e identidad, protegido por el artículo 8 del Convenio.

¿Qué indemnización puede ordenar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por daño moral y costas en un caso de violación del artículo 8 del Convenio?

En este caso, el tribunal ordenó al Estado español pagar 12.000 euros por daño moral y 4.840 euros por costas del procedimiento ante el tribunal europeo. Rechazó el resto de la reclamación, incluidas las costas de los procesos internos.

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