La Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú presentó un reclamo de ileg…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú presentó un reclamo de ilegalidad contra la Resolución Exenta PA N° 2.380 de la Superintendencia de Educación, que le impuso una multa de 51 UTM por falta de capacitación del personal en convivencia escolar y deficiencias en servicios higiénicos. La corporación sostuvo que la sanción era desproporcionada y que no se consideraron atenuantes como la falta de intencionalidad y la ausencia de beneficio económico. La Superintendencia defendió la legalidad del acto invocando la culpa infraccional y señaló que la multa se ubicaba en el límite inferior del rango legal. La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo, con costas, por considerar que el control jurisdiccional se limita a la legalidad del acto y no al mérito, que la autoridad actuó dentro de sus facultades, que la mera inobservancia de la norma establece responsabilidad y que las atenuantes debían ser acreditadas por el sancionado, lo que no ocurrió.
Normas citadas
Ley N° 20.529
Resolución N° 2024
Artículo 85 de la Ley N° 20.529
Código de Procedimiento Civil
Artículo 79 de la Ley N° 20.529
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Preguntas frecuentes
¿Puede el juez revisar si una multa de la Superintendencia de Educación es proporcionada o solo si es legal?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que el control jurisdiccional se limita a la legalidad del acto administrativo y no a su mérito, por lo que no evaluó si la sanción era desproporcionada.
¿Basta con incumplir una norma de la Ley N° 20.529 para ser sancionado por la Superintendencia de Educación?
En este caso, la Corte sostuvo que la mera inobservancia de la norma establece responsabilidad, invocando la culpa infraccional, por lo que la sanción por falta de capacitación del personal y deficiencias en servicios higiénicos fue considerada ajustada a derecho.
¿Quién debe probar las atenuantes en un procedimiento sancionatorio de la Superintendencia de Educación?
En este caso, la Corte concluyó que las atenuantes, como la falta de intencionalidad o la ausencia de beneficio económico, debían ser acreditadas por el sancionado, lo que no ocurrió, por lo que el reclamo fue rechazado con costas.
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