La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de reclamación interpuesto por un…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de reclamación interpuesto por una ciudadana dominicana en contra de la resolución del Servicio Nacional de Migraciones que ordenaba su expulsión del territorio nacional. El tribunal concluyó que el acto administrativo estaba viciado por una ilegalidad sobreviniente y falta de fundamentación suficiente, pues la autoridad no ponderó el arraigo familiar de la recurrente, particularmente su rol de cuidadora de nietos menores, y la recurrente no pudo presentar descargos. Por ello, dejó sin efecto la resolución y ordenó a la autoridad dictar un nuevo pronunciamiento que considere los nuevos antecedentes, conforme a los artículos 129 N°5 y 141 de la Ley N° 21.325 y a los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.
Normas citadas
Artículo 132 Ley N° 21.325
Artículo 129 N°5 Ley N° 21.325
Artículo 141 Ley N° 21.325
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Preguntas frecuentes
¿Puede un tribunal anular una orden de expulsión migratoria si la autoridad no consideró el arraigo familiar de la persona?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso porque la resolución de expulsión no ponderó el arraigo familiar de la recurrente, en particular su rol de cuidadora de nietos menores, y estaba insuficientemente fundamentada. Dejó sin efecto la resolución y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.
¿Qué ocurre si la autoridad migratoria no permite presentar descargos antes de dictar una expulsión?
La Corte de Apelaciones de Santiago consideró que la recurrente no pudo presentar descargos, lo que sumado a la falta de fundamentación contribuyó a declarar viciado el acto administrativo. Por ello dejó sin efecto la resolución y ordenó a la autoridad emitir un nuevo pronunciamiento considerando los nuevos antecedentes.
¿Qué efecto tiene una ilegalidad sobreviniente en una resolución de expulsión del Servicio Nacional de Migraciones?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que la resolución adolecía de una ilegalidad sobreviniente y de falta de fundamentación suficiente, por lo que la dejó sin efecto. Además, ordenó a la autoridad dictar un nuevo pronunciamiento conforme a la Ley N° 21.325 y a la Ley N° 19.880.
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