El Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad sobre el…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad sobre el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, para determinar si ciertas disposiciones debían tener rango de ley orgánica constitucional. Se analizó si afectaban atribuciones de los tribunales de justicia, en particular normas sobre recursos y extinción de derechos de aprovechamiento de aguas. El Tribunal resolvió que solo la frase que establece recursos de reconsideración y de reclamación ante las Cortes de Apelaciones, contenida en el artículo 134 bis, N° 8, del Código de Aguas, es propia de ley orgánica constitucional, por cuanto otorga atribuciones nuevas a dichos tribunales, y no así el resto del precepto, que regula materias procedimentales. Un ministro disintió respecto de otra disposición sobre ejecución por no pago de derechos de aprovechamiento, sosteniendo que no innova en atribuciones judiciales y no requiere ese rango legal.
Normas citadas
Artículo 93, inciso primero, N° 1°, Constitución Política de la República
Artículo 77, Constitución Política de la República
Artículo 136, Código de Aguas
Artículo 137, Código de Aguas
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Preguntas frecuentes
¿Qué disposiciones de una reforma al Código de Aguas requieren rango de ley orgánica constitucional por afectar atribuciones de los tribunales?
En este caso, el Tribunal Constitucional resolvió que solo la frase del artículo 134 bis, N° 8, del Código de Aguas que establece los recursos de reconsideración y de reclamación ante las Cortes de Apelaciones es propia de ley orgánica constitucional, por otorgar atribuciones nuevas a dichos tribunales. El resto del precepto, de carácter procedimental, no requiere ese rango.
¿Cuándo una norma procedimental sobre recursos judiciales debe tener rango de ley orgánica constitucional?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que una norma tiene ese rango cuando otorga atribuciones nuevas a los tribunales de justicia, como ocurre con la frase que crea recursos ante las Cortes de Apelaciones. Las demás disposiciones que solo regulan aspectos procedimentales quedaron fuera de esa exigencia.
¿Es necesario que la ejecución por no pago de derechos de aprovechamiento de aguas tenga rango de ley orgánica constitucional?
En este caso, un ministro disintió de la mayoría y sostuvo que la disposición sobre ejecución por no pago de derechos de aprovechamiento no innova en atribuciones judiciales, por lo que no requiere ese rango legal. Su postura no prevaleció en la resolución sobre esa frase.
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