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La Contraloría General de la República se pronunció sobre una presentación que cuestion…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una presentación que cuestionaba la publicación, en la cuenta de Twitter institucional de la Municipalidad de Santiago, de mensajes provenientes de una cuenta ajena que aludían a la municipalidad y a su alcaldesa. El organismo constató que tales publicaciones pertenecían a una excandidata a consejera regional y que habían sido replicadas en el medio social municipal. Recordó que los servidores públicos tienen prohibido realizar actividades políticas valiéndose de su cargo o de bienes institucionales, conforme a los artículos 82, letra g), de la Ley N° 18.883 y 19 de la Ley N° 18.575. Concluyó que, al no tener relación con un fin institucional, no era procedente su difusión en la cuenta municipal. Por ello ordenó a la municipalidad aclarar la situación, investigar y hacer efectivas las responsabilidades administrativas que correspondan, informando en 30 días desde la total tramitación del oficio.

Normas citadas

  • ley 18575 art/62 Num/1
  • ley 18575 tit/III
  • ley 18883 art/82 lt/g
  • ley 18575 art/19
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede una municipalidad difundir en sus redes sociales publicaciones políticas de una excandidata?

No. En este caso, la Contraloría sostuvo que, al no tener relación con un fin institucional, no era procedente replicar en la cuenta municipal publicaciones políticas de una excandidata a consejera regional.

¿Qué prohíbe la ley a los funcionarios municipales en materia de actividad política?

Según este dictamen, los servidores públicos tienen prohibido realizar actividades políticas valiéndose de su cargo o de bienes institucionales, conforme al artículo 82, letra g), de la Ley N° 18.883 y al artículo 19 de la Ley N° 18.575.

¿Qué medidas puede ordenar la Contraloría ante la difusión indebida de contenido político en una cuenta municipal?

En este caso, la Contraloría ordenó a la municipalidad aclarar la situación, investigar y hacer efectivas las responsabilidades administrativas que correspondan, informando en 30 días desde la total tramitación del oficio.

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