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El Tribunal Constitucional rechazó, en todas sus partes, el requerimiento de inaplicabi…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó, en todas sus partes, el requerimiento de inaplicabilidad deducido por la empresa Sacyr Chile S.A. respecto del inciso primero del artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, que restringe las excepciones que pueden alegarse en la etapa de cumplimiento incidental de sentencias. La empresa sostenía que esa norma era inconstitucional. El Tribunal concluyó que el precepto no era decisivo para resolver la gestión pendiente, requisito de admisibilidad exigido por el numeral 5 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal, por lo que el requerimiento debía ser desestimado. Se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y no se condenó en costas a la requirente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar. La sentencia fue acordada por la mayoría de los ministros, con una prevención del Ministro H.M.R., quien no compartió una frase del considerando 21° referida al requisito de admisibilidad.

Normas citadas

  • Artículo 234, inciso primero, Código de Procedimiento Civil
  • Artículo 464 número 15, Código de Procedimiento Civil
  • Artículo 534, Código de Procedimiento Civil
  • Artículo 84 numeral 5, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
inaplicabilidadinconstitucionalidadcumplimiento incidentalexcepciones procesalesrequisito de admisibilidadprecepto no decisivoprocedimiento civil

Preguntas frecuentes

¿Qué requisito debe cumplir una norma para que proceda un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional?

En este caso, el Tribunal sostuvo que la norma debe ser decisiva en la resolución de la gestión pendiente, exigencia del numeral 5 del artículo 84 de su Ley Orgánica, y estimó que no se cumplía respecto del precepto impugnado.

¿Se condena en costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado por el Tribunal Constitucional?

En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas a la empresa requirente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar, aunque desestimó el requerimiento en todas sus partes.

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