Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si las municipalidades pueden actuar como entidades desarrolladoras de proyectos habitacionales en el marco del decreto N° 19, de 2016, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que reglamenta el Programa de Integración Social y Territorial. El organismo concluyó que las municipalidades tienen competencia para participar como Entidades de Gestión Inmobiliaria y Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica, facultad que deriva del artículo 4°, letra g), de la ley N° 18.695, que les permite desarrollar, en su territorio, funciones relacionadas con la construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias. Señaló que esa expresión se extiende a las viviendas que cuenten con subsidio estatal, pues requieren de una ayuda pública directa, por lo que no hay impedimento para que los municipios actúen como entidades desarrolladoras, siempre que el proyecto cumpla los requisitos del decreto y se apliquen los subsidios que regula. Asimismo, descartó que existan fundamentos jurídicos para que los municipios desarrollen proyectos sin subsidios.