Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el decreto Nº 243, de 2014, del Ministerio de Defensa Nacional, que declaraba ciertos inmuebles fiscales como necesarios para la defensa nacional, señalando que ello era para efectos del artículo 30 de la ley Nº 18.097. El organismo concluyó que la determinación de una zona como de importancia para la seguridad nacional es materia de ley y no de competencia del Presidente de la República, por lo que la medida no se ajustaba a derecho. Para fundarlo citó el artículo 19, Nº 24, inciso décimo, de la Constitución, un fallo del Tribunal Constitucional y doctrina nacional. En consecuencia, desestimó la solicitud de reconsideración del oficio Nº 52.797 y volvió a representar el decreto.