El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información pública presentado por un particular contra el Ministerio Público. El organismo concluyó que no tenía competencia para conocer del reclamo, por tratarse de una institución regida por una norma especial de transparencia, de modo que correspondía presentarlo ante la Corte de Apelaciones respectiva. Para fundar su decisión, citó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que, al resolver un reclamo de ilegalidad relativo a un caso anterior, rechazó el reclamo y confirmó que el Consejo carece de competencia para fiscalizar al Ministerio Público. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos desde la notificación, y no procede recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿El Consejo para la Transparencia puede conocer un amparo de acceso a la información pública contra el Ministerio Público?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque el Ministerio Público se rige por una norma especial de transparencia y el Consejo no tiene competencia para conocer del reclamo. Por eso, el amparo debía presentarse ante la Corte de Apelaciones respectiva.
¿Qué recursos proceden contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, la resolución es impugnable mediante reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos desde la notificación. No procede recurso de reposición.
¿Puede el Consejo para la Transparencia fiscalizar al Ministerio Público en materia de acceso a la información?
En este caso, el Consejo sostuvo que carece de competencia para fiscalizar al Ministerio Público, apoyándose en una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó un reclamo de ilegalidad sobre un caso anterior y confirmó esa falta de competencia.
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