El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presenta…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2017
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presentado por un particular contra una municipalidad, tras la falta de descargos del órgano público. En su decisión, acogió la solicitud y ordenó al municipio entregar la información pedida, incorporando los datos personales que correspondan conforme a la ley N° 19.628, o bien señalar expresa y fundadamente si no los posee, en los términos de la Instrucción General N° 10. El cumplimiento debe efectuarse dentro de 10 días hábiles desde que la resolución quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, e informarse al Consejo para su verificación. La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo y notificada al reclamante y al alcalde. En contra de ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, en el plazo de 15 días corridos, sin que proceda el recurso de reposición del artículo 59 de la ley N° 19.880.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros; Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si una municipalidad no responde a una solicitud de acceso a la información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado tras la falta de descargos del órgano público y ordenó al municipio entregar la información pedida.
¿Cómo se protegen los datos personales al entregar información pública?
En este caso, el Consejo ordenó al municipio incorporar los datos personales que correspondan conforme a la ley N° 19.628, o bien señalar expresa y fundadamente si no los posee, según la Instrucción General N° 10.
¿Qué plazo tiene un municipio para cumplir con una orden del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó que el cumplimiento se efectúe dentro de 10 días hábiles desde que la resolución quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia.
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