Se trata de un recurso de amparo económico que cuestiona la constitucionalidad de que e…

Resumen

Se trata de un recurso de amparo económico que cuestiona la constitucionalidad de que el Estado, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ponga a disposición de los órganos de la Administración una plataforma web con suscripción electrónica avanzada para la certificación de firmas digitales. La Corte Suprema rechaza el recurso, considerando que la Ley Nº 19.799 faculta a los órganos de la Administración para expedir documentos electrónicos con firma electrónica avanzada, siendo la certificación responsabilidad de los ministros de fe respectivos. La actuación del Estado no invade ámbitos reservados a los privados, sino que facilita el cumplimiento de funciones estatales conforme a los principios de coordinación y eficiencia. La plataforma constituye una herramienta para materializar la aspiración legal de que cada órgano pueda emitir documentos digitales de manera eficiente.