El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información pública interpuesto contra el Servicio de Registro Civil e Identificación. La solicitud original se ingresó por un canal no habilitado para requerimientos de la Ley de Transparencia, por lo que no se ejerció el derecho de acceso en los términos legales exigidos y no pudo tramitarse el amparo. La resolución aclara que esto no impide que la parte recurrente presente en el futuro una solicitud de acceso al órgano reclamado o a otro organismo de la Administración del Estado, por los canales correspondientes y de forma clara y precisa, conforme a los artículos 5 y 10 de la ley. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde la notificación, y no procede el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidad
Preguntas frecuentes
¿Procede un amparo de acceso a la información pública si la solicitud se ingresó por un canal no habilitado por la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo, porque la solicitud se ingresó por un canal no habilitado y no se ejerció el derecho de acceso en los términos legales exigidos. Sin embargo, la parte recurrente puede presentar una nueva solicitud por los canales correspondientes.
¿Qué recursos proceden contra una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, la resolución indica que no procede el recurso de reposición. Contra ella procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde la notificación.
¿Puede presentarse nuevamente una solicitud de acceso a la información si una anterior fue declarada inadmisible?
En este caso, el Consejo para la Transparencia aclaró que la inadmisibilidad no impide que la recurrente presente en el futuro una solicitud clara y precisa al órgano reclamado o a otro organismo de la Administración del Estado, conforme a los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia.
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