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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en un caso concreto. Se discutió el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe la aplicación de penas sustitutivas, y el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas. El tribunal acogió parcialmente el requerimiento: declaró la inaplicabilidad del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 en el caso concreto, y rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798. Respecto de esta última, consideró que la norma solo restringe el marco penal sin afectar la individualización judicial de la pena, y que el legislador tiene primacía en política criminal dentro de los límites constitucionales. El fallo sostiene que el derecho a punir no es absoluto y debe respetar la dignidad humana y la proporcionalidad de las penas.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 1, inciso cuarto
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual

Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable en un caso concreto una restricción a las penas sustitutivas que establece la Ley N° 18.216?

Sí. En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y declaró la inaplicabilidad del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe la aplicación de penas sustitutivas, pero solo para el caso concreto.

¿El legislador puede restringir el marco penal de un delito de control de armas sin afectar la individualización judicial de la pena?

Según este fallo, sí. El Tribunal Constitucional rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, porque consideró que solo restringe el marco penal sin afectar la individualización judicial de la pena, y que el legislador tiene primacía en política criminal dentro de los límites constitucionales.

¿El derecho a punir del Estado es absoluto o tiene límites constitucionales en materia penal?

No es absoluto. El fallo sostiene que el derecho a punir debe respetar la dignidad humana y la proporcionalidad de las penas, lo que limita la potestad penal del Estado.

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