La Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N° 26136 de 14 de noviembre…
Dictamen · Superintendencia de Pensiones · 2017
Resumen
La Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N° 26136 de 14 de noviembre de 2017, se pronunció sobre la procedencia de enterar cotizaciones previsionales de un periodo laboral de agosto de 1962 a abril de 1969, respaldándose únicamente en una información para perpetua memoria. El organismo concluyó que este tipo de información no acredita por sí sola la prestación de servicios, por carecer de coetaneidad con los hechos que se pretenden probar y por tratarse de declaraciones de testigos prestadas en una gestión voluntaria, sin contradictorio. Consideró además que el Instituto de Previsión Social no tenía antecedentes que acreditaran la relación laboral, por lo que resolvió ratificar la improcedencia de enterar esas cotizaciones con el único sustento de dicha información.
Normas citadas
Código de Procedimiento Civil
Preguntas frecuentes
¿Sirve una información para perpetua memoria para acreditar cotizaciones previsionales de un periodo laboral antiguo?
En este caso, la Superintendencia de Pensiones concluyó que una información para perpetua memoria no acredita por sí sola la prestación de servicios, porque no es coetánea a los hechos y consiste en declaraciones de testigos prestadas en una gestión voluntaria, sin contradictorio. Por eso ratificó la improcedencia de enterar las cotizaciones solo con ese antecedente.
¿Puede el Instituto de Previsión Social enterar cotizaciones de un periodo laboral antiguo sin antecedentes que acrediten la relación laboral?
En este caso, la Superintendencia de Pensiones consideró que el Instituto de Previsión Social no contaba con antecedentes que acreditaran la relación laboral. Por lo tanto, resolvió que no procedía enterar esas cotizaciones basándose únicamente en la información para perpetua memoria presentada.
¿Qué valor probatorio tienen las declaraciones de testigos en una gestión voluntaria para efectos previsionales?
En este caso, la Superintendencia de Pensiones sostuvo que las declaraciones de testigos prestadas en una gestión voluntaria, sin contradictorio, no bastan por sí solas para acreditar la prestación de servicios. Su valor se vio limitado por la falta de coetaneidad con los hechos que se pretendían probar.
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