Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte de Apelaciones de Santiago rechaza la acción de protección deducida por cuatro instituciones educacionales particulares subvencionadas en contra de la Resolución Exenta 213 de la Seremi de Educación de 2024. Las demandantes cuestionaban la legalidad de la rebaja en el copago escolar aplicada por la autoridad administrativa. La sentencia confirma que la Seremi actuó dentro de sus facultades legales al aplicar la disminución del Financiamiento Compartido conforme a la normativa vigente. El tribunal considera que existe fundamento legal suficiente para la medida adoptada, basado en la Ley de Inclusión Escolar y su reglamentación. Se rechaza la vulneración de garantías fundamentales alegada por los demandantes.