Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por un imputado en una causa penal por prevaricación y cohecho que se tramita ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El requirente sostenía que la segunda parte de un artículo transitorio de la Ley N° 21.121 obligaba al juez a aplicar una norma derogada, y solicitaba además la suspensión del procedimiento penal, por estimar que sin ella el requerimiento quedaría sin efecto y se consolidaría una afectación de sus derechos y garantías constitucionales. El Tribunal resolvió declarar inaplicable, para el caso concreto, la norma impugnada por ser contraria a la Constitución Política de la República, y condenó en costas al Ministerio Público en la gestión pendiente, en caso de que se opusiera al requerimiento.