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Una sociedad comercial presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de ina…

Informe · Diario Constitucional (fallos adjuntos a sus notas) · 2025

Resumen

Una sociedad comercial presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra los artículos 80 inciso segundo y 83 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, que fijan un plazo de cinco días para reclamar la rescisión o nulidad por falta de emplazamiento. La parte sostiene que esa limitación vulnera las garantías constitucionales de debido proceso y defensa dentro de una gestión pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se tramita un recurso de apelación. Junto al requerimiento, la parte acompañó un certificado de la Corte sobre el estado del juicio y pidió que se requieran los autos de la gestión, que se decrete la suspensión del procedimiento y que se tenga por acreditada su representación y patrocinio. El texto disponible corresponde a los otrosíes de la presentación y no contiene la decisión del Tribunal sobre el fondo del requerimiento.

Normas citadas

  • Ley 17.997
  • Código de Procedimiento Civil
  • Artículo 79 de la Ley 17.997
  • Artículo 84 de la Ley 17.997
  • Artículo 80 de la Ley 17.997
  • Artículo 83 del Código de Procedimiento Civil
  • Artículo 81 de la Ley 17.997
  • Artículo 82 de la Ley 17.997

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa con la gestión pendiente cuando se presenta un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional?

En este caso, la requirente pidió que se requieran los autos de la gestión pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago y que se decrete la suspensión del procedimiento. El resumen no informa si el Tribunal accedió a estas peticiones.

¿Qué debe acompañar una parte a un requerimiento de inaplicabilidad para acreditar la gestión pendiente?

En este caso, la sociedad acompañó un certificado de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el estado del juicio, donde se tramita su recurso de apelación. También pidió que se tenga por acreditada su representación y patrocinio.

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