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El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo al derecho de acceso a l…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2010

Resumen

El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo al derecho de acceso a la información presentado contra el Instituto de Previsión Social. La reclamante había acudido al organismo solicitando actuaciones relacionadas con el rechazo de una pensión, pero el Consejo concluyó que ese requerimiento no constituía una solicitud de información en los términos de la Ley de Transparencia, pues no pedía información alguna conforme a los artículos 5 y 10 de ese cuerpo legal. Según el razonamiento, se trataba más bien de una manifestación del derecho de petición consagrado en la Constitución, que debe tramitarse según las normas específicas o, supletoriamente, conforme a la Ley N° 19.880. Al no haberse ejercido el derecho de acceso a la información en la forma exigida por la Ley de Transparencia, el Consejo resolvió, por unanimidad de sus miembros presentes, declarar inadmisible el amparo y encomendar al Director General notificar la decisión a la reclamante y al Director Nacional del Instituto de Previsión Social.

Normas citadas

  • Decreto Supremo 13 2009 Reglamento
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros

Preguntas frecuentes

¿Se puede presentar un amparo al Consejo para la Transparencia si lo que pido no es información pública sino que actúen sobre mi caso?

En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo porque el requerimiento no constituía una solicitud de información conforme a la Ley de Transparencia, sino una manifestación del derecho de petición que debe tramitarse según sus normas específicas o la Ley N° 19.880.

¿Cuándo un reclamo ante un organismo público se considera una solicitud de información y cuándo un ejercicio del derecho de petición?

En este caso, el Consejo sostuvo que pedir actuaciones relacionadas con el rechazo de una pensión no es una solicitud de información, sino una manifestación del derecho de petición, que debe tramitarse según las normas específicas o, supletoriamente, conforme a la Ley N° 19.880.

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